Partimos de un echo: el agente siempre tiene razón aunque diga que el coche iba volando, o que el conductor se saltó un semáforo en un cruce en el que no hay semáforo. Siempre tiene razón… bueno mejor dicho siempre que la otra parte sea un conductor normal, que paga impuestos y vulnerable como un ciudadano más.
Otra cosa muy distinta es que la persona a la que se sanciona sea un ministro, un secretario de estado, un político, un escolta, un empresario o un simple amigo de un político o incluso un superior de la Guardia Civil. En este caso, el agente pasa a no tener razón nunca. Todo lo que dice es mentira, y no es que me lo invente yo, y a las pruebas me remito.
En enero de 2010 el responsable de Tráfico de la provincia de Soria, un capitán del cuerpo de la Guardia Civil, fue pillado a 207 km/h con un coche patrulla. Los agentes que estaban actuando junto a ese radar pararon el coche y de hecho el capitán se bajó para comprobar si estaba bien el radar. El capitán iba conduciendo el vehículo, siempre según la versión de los agentes, sin sirenas. Se paró, habló con ellos y siguió su camino tranquilamente.
Y por supuesto no ha pasado nada. Ahora los agentes, al no haber ocurrido nada como consecuencia de aquella actuación, han denunciado este hecho en un juzgado y la respuesta de la Guardia Civil ha sido inmediata. El coche iba persiguiendo a otro vehículo que se había dado a la fuga, iba con las sirenas puestas, y además el que conducía era otro agente y no el capitán. Y para dar más datos explican que un helicóptero de la Guardia Civil estaba apoyando la operación de persecución.
Los agentes de la Guardia Civil tienen que cumplir órdenes de gente como este capitán, multar y multar y seguir multando, legal o ilegalmente, da lo mismo. ¿El estado de derecho para que está? Pues simplemente para pisotearlo cada día.
Ahora, el tema de este capitán cazado a 207 km/h y denunciado en su momento por los agentes está en un juzgado de Soria y sigue su curso. No sé lo que va a pasar a partir de ahora, pero lo puedo intuir, si un juez dictamina en contra del capitán, se recurre a una nueva instancia y si el nuevo juez vuelve a ser contrario al responsable de Tráfico, se recurre a otro y a otro.
Las costas de los juicios da igual porque las pagamos todos los españoles a escote. Lo mismo ocurre con los abogados, porque son de la propia Guardia Civil y su sueldo sale de los presupuestos. Y finalmente siempre estará el TC, que en media hora podrá comprobar cómo 20 o 30 agentes persiguieron a un fugado y como toda la culpa la tienen esos dos agentes que no vieron la importancia de la operación policial.
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