Un informe del RACC ha puesto en evidencia el polémico radar móvil de Torredembarra, que motivó una gran indignación ciudadana tras imponer 9.000 multas en sólo unos meses. El análisis concluye que los accesos al municipio donde la policía local instalaba el aparato estaban mal señalizados, con lo que los conductores no podían saber en realidad cuál era el límite de velocidad. De hecho, el 90% de las multas son por circular entre 60 y 80 km/h en tramos de vía limitados a 40 y 50 km/h pero que, según el RACC, son suficientemente seguros para que el Ayuntamiento eleve el listón a 70 km/h.
El RACC, que se ofrece como mediador entre el Consistorio y la Plataforma de Afectados del Radar de Torredembarra –con más de 3.000 adheridos–, actuó a petición de varios socios afectados. "Creemos, además, que antes de sancionar hay que informar, y más en un caso así, en que tiempo atrás en estos tramos se podía circular a más velocidad", dijo David Marcet, responsable del RACC en Tarragona.
De hecho, el informe Anàlisi dels límits de velocitat a las entradas del municipio de Torredembarra recomienda al Consistorio no sólo mejoras en la señalización –también de radares–, sino también aumentar el límite de velocidad en varios tramos considerados urbanos, pero que tienen, según el RACC categoría de interurbanos.
Tras recibir quejas en masa, y con la amenaza de las movilizaciones, el Ayuntamiento pidió en noviembre a la Diputación que parase la tramitación de las denuncias impuestas de julio y octubre de 2011, los meses en que el radar registró más actividad. El alcalde, Daniel Massagué, pidió oxígeno y se comprometió a buscar una salida antes de marzo.
La plataforma ha entregado un informe jurídico al Consistorio que apoya la legalidad de retirar las multas.
"La notificación recibida por los afectados no se ajusta a ley. No consta ni la velocidad de infracción ni la foto. Además, creemos también que el alcalde no incurrirá en prevaricación si decide retirar las sanciones. No hay mala fe en ello, ni se condiciona la previsión de ingresos por multas que se hizo constar en el presupuesto", según Toni Cruz, portavoz de la plataforma. Según esta, las cuentas municipales del 2011 preveían unos ingresos de 600.000 euros por denuncias de tráfico. Con este radar los ingresos subieron a 1,5 millones.
Con estos argumentos la plataforma espera que el Consistorio mueva ficha. Mientras tanto, mantiene la amenaza de nuevas movilizaciones, como la que tuvo lugar el pasado día 14.
